¿Verónica Abad debe dejar la Vicepresidencia tras fallo del TCE? A Abad la sancionaron para que no pueda ser autoridad, su posición en el cargo es incierta.
Verónica Abad en el marco de una denuncia por violencia política de género, interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld tiene que cumplir con varias sanciones
Abad tiene que pagar una multa de USD 14 100, equivalente a 30 salarios básicos unificados, y la suspensión de los derechos políticos de Abad por un período de dos años.
El Tribunal procederá con las notificaciones correspondientes. El Ministerio del Trabajo será el encargado de registrar la inhabilidad de Abad para ejercer funciones públicas.
También aclara que la suspensión de derechos de participación no equivale a una destitución del cargo, ya que esa es una figura con un régimen constitucional distinto.
Si bien la vicepresidenta no pierde automáticamente el cargo, la suspensión de sus derechos políticos por dos años limita sus aspiraciones electorales futuras.
El futuro de la vicepresidenta Verónica Abad está en debate. La resolución, que impide a Abad elegir y ser elegida por dos años, ha generado distintas interpretaciones sobre si puede o no seguir en el cargo.
¿Debe dejar la Vicepresidencia?
Juristas y actores políticos tienen opiniones divididas. Mientras que el dirigente de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, sostiene que la sanción no implica la destitución de Abad.
El Gobierno de Daniel Noboa argumenta que la suspensión configura una «ausencia temporal por fuerza mayor».
Según el ministro de Gobierno, José de la Gasca, el presidente deberá designar a un reemplazo una vez ejecutada la sentencia, probablemente el 31 de marzo.
Verónica Abad en posición incierta por TCE
Abogados constitucionalistas sostiene que Abad no pierde la Vicepresidencia porque fue elegida por votación popular, sí queda imposibilitada de ejercer el cargo.
Además consideran que la decisión del TCE es «inconstitucional» y considera que la obligación de que Abad deje el cargo no es clara.
La Constitución solo restringe la participación electoral, no el ejercicio de funciones previamente ganadas.
El caso de Xavier Pincay, alcalde de Portoviejo, es citado como antecedente. A pesar de que el TCE suspendió sus derechos políticos en 2023, no perdió su cargo.
