Eliminar el polémico Consejo de Participación Ciudadana es la propuesta de Daniel Noboa que se concretaría con la nueva Constitución.
Eliminar el polémico Consejo de Participación Ciudadana es la propuesta de Daniel Noboa que se concretaría con la nueva Constitución, pero en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso también lo hicieron con consultas populares.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo crearon con el propósito de despolitizar la designación de autoridades que anteriormente lo hacían por el Congreso.
Su objetivo era claro: convertir este proceso en uno técnico, transparente y controlado por la sociedad civil, y no por los partidos políticos.
Sin embargo, a más de una década de su creación, los cuestionamientos no han cesado.
De hecho, el CPCCS protagoniza constantes escándalos, inestabilidad institucional y serias dudas sobre su eficacia.
Lejos de despolitizar los procesos, acusan al CPCCS de responder a intereses partidistas, especialmente en el nombramiento de altas autoridades como el fiscal general, el contralor del Estado o los superintendentes.
El caso Ligados y la crisis interna del CPCCS
En el último año, el Consejo ha estado en el centro de la polémica por el caso Ligados, que involucra al consejero Augusto Verduga, a otros miembros identificados con el correísmo, e incluso a la excandidata presidencial Luisa González.
Como consecuencia, varios consejeros los destituyeron, y recientemente se posesionó a un nuevo grupo de miembros. A pesar de ello, el proceso de designación del nuevo fiscal general no avanza.
La falta de resultados y las pugnas internas han profundizado el desconocimiento ciudadano sobre el rol del CPCCS y han derivado en reiterados juicios políticos contra sus integrantes.
Desde su creación con la Constitución de 2008, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, el Consejo ha acumulado más controversias que logros concretos.
Reformas e intentos de eliminación
Desde el gobierno de Lenín Moreno, se ha buscado reformar el mecanismo de designación de autoridades.
En su momento, propuso una consulta popular para modificar el modelo. Más recientemente, durante la presidencia de Guillermo Lasso, se impulsó otra consulta con el objetivo de eliminar el CPCCS, propuesta que no logró el respaldo necesario en las urnas.
A pesar de los intentos, la Corte Constitucional ha sido clara: cualquier modificación de fondo al CPCCS, o su eliminación, debe hacerse a través de una Asamblea Constituyente.
Una vía que ahora también propone el presidente Daniel Noboa, quien ha manifestado su interés en llevar adelante una nueva Constitución que redefina la estructura del Estado.
¿Es tiempo de volver al modelo anterior?
Para el analista político Andrés Bonilla, el CPCCS nunca logró cumplir su función.
Según su visión, el Consejo fue instrumentalizado durante el gobierno de Rafael Correa para proteger los intereses del oficialismo.
Bonilla considera que se debería retomar el modelo anterior, en el que era el Congreso (hoy Asamblea Nacional) el encargado de designar las autoridades.
“Los legisladores son los representantes directos del pueblo. Que ellos designen las autoridades garantiza mayor representatividad democrática y reduce el riesgo de caer en manejos partidistas al servicio del gobierno de turno”, sostiene.
Un debate pendiente en la reforma del Estado
La discusión sobre el futuro del CPCCS no es nueva, pero ha cobrado fuerza ante los recientes escándalos y el estancamiento en sus funciones. ¿Debe desaparecer el Consejo? ¿Es viable su reforma? ¿O debe fortalecerse con nuevos mecanismos de control ciudadano?
Lo cierto es que, mientras estos debates continúan, el país sigue sin un nuevo fiscal general y con una institución cuya credibilidad y legitimidad están cada vez más debilitadas.
