Daniel Noboa propone quitar financiamiento a organizaciones políticas. La polémica propuesta del presidente causa preocupación sobre la participación equitativa en política.
Daniel Noboa propone quitar financiamiento a organizaciones políticas. La polémica propuesta del presidente causa preocupación sobre la participación equitativa en política.
El presidente Noboa ha planteado una reforma constitucional para eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.
Aunque busca reducir el gasto público, expertos advierten que esta medida podría abrir las puertas al financiamiento del narcotráfico y debilitar la democracia.
¿Qué propone el Gobierno?
Esta semana, la Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución, según el Decreto Ejecutivo 467, que modifica los artículos 110 y 115.
La propuesta busca eliminar la entrega de recursos económicos a los partidos políticos por parte del Estado.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega fondos públicos a las organizaciones políticas con el objetivo de formar cuadros y fortalecer la democracia interna de los partidos.
Por ejemplo, en 2015, el CNE distribuyó USD 7.058.355,60 del Fondo Partidario Permanente.
¿Qué opinan los actores políticos?
Desde la bancada oficialista se defiende la reforma, señalando que la redistribución de los recursos y la autogestión de campañas son alternativas viables y responsables frente a la crisis económica del país.
Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana considera que esta propuesta representa una vulneración a los derechos de participación ciudadana, ya que eliminar los fondos estatales afectaría a los partidos sin respaldo económico, debilitando el pluralismo político.
Riesgos de la eliminación del financiamiento público
Analistas y actores políticos advierten que la eliminación del financiamiento público aumentaría la dependencia de fondos privados.
Con ello, el riesgo de infiltración del narcotráfico, lavado de activos y tráfico de influencias.
El analista político Andrés Bonilla sostiene que «eliminar este gasto público abre la puerta al narcotráfico, que busca incidir en el poder político del país».
Por su parte, Mónica Loza, presidenta provincial de la Izquierda Democrática, señala que más allá de eliminar fondos, el CNE debería fortalecer sus mecanismos de control sobre el uso del dinero y la transparencia en el financiamiento político.
Además, recuerda que actualmente no existe una regulación clara sobre el gasto en redes sociales ni un control efectivo del gasto electoral, lo cual complica aún más el panorama.
Un sistema político débil y clientelar
Ecuador cuenta con cerca de 200 organizaciones políticas legalmente registradas, pero muchas de ellas carecen de estructura y legitimidad.
El sistema político se caracteriza por ser débil, desinstitucionalizado y costoso para quienes desean participar.
Solo dos fuerzas predominan actualmente con capacidad económica para sostenerse: Revolución Ciudadana y ADN.
El resto de organizaciones lucha por mantenerse activas en medio de la falta de recursos y control.
¿Qué soluciones proponen?
Tanto Bonilla como Loza coinciden en que el financiamiento público debe mantenerse, pero con condiciones más estrictas:
- Auditorías reales al uso de los fondos.
- Normativas claras de regulación y transparencia.
- Formación obligatoria de cuadros políticos.
La ciudadanía, mientras tanto, exige resultados concretos, no solo reformas constitucionales, sino acciones efectivas que mejoren la calidad de vida y restauren la confianza en el sistema político.
